EL CALAFATE Clima
En 2010 la Corte Suprema ordenó la restitución de Sosa, el Kirchnerismo ordenó que no

En 2010 la Corte Suprema ordenó la restitución de Sosa, el Kirchnerismo ordenó que no

La ley provncial 2404 fue sancionada el 7 de setiembre de 1995, luego en una sesión de alto voltaje, donde la oposición advertía que se estaba frente a la violación de las normas constitucionales, toda vez que la misma reforma establecía en su artículo 9 el cese en sus funciones del procurador general, Eduardo Sosa.

En aquel debate que concentró el mayor tiempo de una sesión que comenzó a las 15 horas y terminó pasada las 23, durando más de 8 horas, se advertía que dicha eliminación era de “dudosa constitucionalidad” e implicaría un “grave” precedente institucional.

También se sostenía que, en lugar de la división de la Procuraduría en Fiscalía y Defensoría se debería mantener la figura del procurador y crear la del defensor, algo que no fue tenido en cuenta por la mayoría de los legisladores del Frente para la Victoria, en tiempos en que Néstor Kirchner gobernaba Santa Cruz.

El oficialismo, que tuvo por miembro informante al hoy titular de la SIDE, Héctor Icazuriaga, y contaba entre sus integrantes a la entonces diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner, se basó para fundamentar su decisión en el marco del derecho administrativo de Miguel Marienhoff y sus citas, planteando que “en nuestro Derecho no existe la estabilidad absoluta”, agregando que “la inamovilidad no puede concebirse como un derecho subjetivo del funcionario”.

Ocupando entonces la vereda de la oposición, Héctor Peña fue el principal sostenedor de la posición contraria a la sanción de la ley, desde su banca unipersonal, de la bancada radical, el orador fue el diputado Horacio Lafuente. Peña señalaba “su espanto, como abogado, como diputado y ciudadano” por la teoría ensayada por Icazuriaga, y recordaba que se trataba de un derecho constitucional y “suprimir el cargo es mochar a los jueces que se nos de la gana, es una aberración típica del más puro fascismo y va en contra del sistema republicano de gobierno, además de ser una “barbaridad jurídica””.

También se advertía que se podría convertir dicha sanción en un juicio millonario, lo cual se transformó en realidad, cuando Eduardo Sosa comenzó un largo camino judicial con su presentación, aquel viernes 22 de setiembre de 1995, ante el mismo tribunal que dispuso su cese en cumplimiento de la ley sancionada por los legisladores del Frente para la Victoria.

Artículo 2° de la Ley  2404  ampló de tres a cinco los miembros del Tribunal Superior de Justicia emergiendo de esta manera la “Mayoría Automática” del máximo tribunal judicial al servicio de los intereses del gobierno.

El artículo 9° dispuso además, la cesantía de Sosa que no fue nombrado en ninguna de las dos jefaturas creadas. Simplemente lo dejaron fuera del sistema judicial, al que no regresó nunca más.  Hoy Sosa está jubilado.