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Alicia en Caleta2Mientras la gobernadora Alicia Kirchner reclama a la Nación fondos para hacer frente al fuerte déficit que sufre la provincia, hacia el interior de su gestión lleva adelante una política de descuentos compulsivos de la coparticipación a los municipios que, a su vez, también tienen en rojo sus finanzas. Estos recortes generaron una fuerte reacción de las intendencias que responden al arco opositor.

La cuñada de la ex presidenta volvió de Buenos Aires con las manos vacías después de participar en la reunión de los gobernadores del PJ con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de la cual el gobierno provincial no informó oficialmente sobre los resultados. Sí trascendió que para la provincia de Santa Cruz no habrá un tratamiento especial, pese a que tiene un déficit de $ 4500 millones.

La medida que generó el mayor revuelo fue la confiscación de más de cinco millones de pesos de las arcas de Caleta Olivia, luego de que ya se los habían depositado en la cuenta bancaria. Desde el gobierno justifican los descuentos como parte del pago de adelantos que había realizado la gestión del ex gobernador Daniel Peralta a favor del municipio, entonces gobernado por el Frente para la Victoria.

“Las medidas que ha tomado el gobierno de Máximo [Kirchner], Alicia, Lázaro [Báez] y La Cámpora sólo afectan y castigan a los vecinos de Caleta Olivia”, afirmó el diputado nacional Eduardo Costa (UCR), quien perdió la gobernación por 7000 votos.

“Hay mucho por hacer en Santa Cruz, como por ejemplo perseguir y castigar la corrupción, exigirles a las empresas encargadas de la obra pública que terminen las que ya cobraron y tienen abandonadas, o quitarles las áreas hidrocarburíferas a las empresas que no invirtieron”, afirmó Costa, referente de Cambiemos. “En lugar de comenzar con esas tareas, el gobierno se dedica a castigar a los vecinos y perseguir a los intendentes de Unión para Vivir Mejor”, agregó.

Facundo Prades (UCR) tiene 37 años, fue concejal y asumió en diciembre la intendencia de Caleta Olivia, segunda ciudad en densidad demográfica de la provincia y capital del polo petrolero. Pese a ello, hace años que la ciudad no cuenta con los servicios básicos. La falta de agua potable está a la orden del día. Prades hoy peregrina a Buenos Aires a gestionar fondos para pagar sueldos.

“Nos aplican descuentos del 5% sobre los fondos coparticipables en razón de los adelantos que había recibido mi antecesor. Es un gobierno que no se hace cargo de las deudas, pero sí de las acreencias”, afirma en diálogo con LA NACION. Asegura que necesita $ 90 millones de masa salarial mensual para los 6300 empleados que incluyen contratos, planes y cooperativas.

Al intentar explicar los recortes de fondos que sufre del gobierno de Alicia Kirchner no tiene dudas: “Creo que lo hacen por las posiciones críticas que tenemos contra el FPV”. Prades enumera otras penurias del municipio: lo recibió con una deuda de 1800 millones, los descuentos patronales no se pagan desde 1991, los municipales no tenían ART y acusa al gobierno provincial de clausurar dos gimnasios en plena época de colonias de vacaciones.

Para aumentar la recaudación apunta contra petroleras y grandes contribuyentes. “Desde el FPV me dijeron que no me haga el héroe, que iba a terminar mal. Yo les digo que no le tengo miedo a nadie”, señala. Y evalúa: “La peor apretada que nos pueden hacer es sacarle los fondos al municipio”, afirmó.

No difiere mucho el panorama en el municipio de Las Heras. Allí, el intendente José Carambia, opositor a Alicia, asegura que también le descuentan de la coparticipación. “Nos retienen entre 5 y 10 % de la coparticipación que nos transfieren dos veces por semana. Es ilegal e inconstitucional, ya nos retuvieron más de un millón de pesos”, afirmó.

Tanto esta municipalidad como Caleta Oliva estaban gobernadas por intendentes kirchneristas que recibieron en los últimos años millonarios fondos del gobierno nacional que llegaban en forma directa a los municipios. La situación se repite en varios distritos. Todos reclaman la actualización de los índices de coparticipación, que aún se aplican según la población del año 1991 que, en la mayoría de los casos, se duplicó, o triplicó en 20 años.

Fuente: La Nación

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