EL CALAFATE Clima

Cristina en CHinaLa Cámara de Industrias Electrónicas, Eléctricas y Luminotécnicas (Cadieel) recurrirá a la Justicia si para las represas hidroeléctricas de Santa Cruz no se cumple con la ley de “compre nacional” y los equipos son provistos por China.

Así se suma un elemento más a la polémica desatada hace una semana cuando el presidente Mauricio Macri dio a entender que se estudia no seguir con las obras de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Las impulsó el kirchnerismo, están financiadas por China y las construyen Electroingeniería, China Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyono.

Tubos Transelectric fue comprada en 2004 a Pérez Companc por la autopartista Montich, que se la vende a los hermanos Jorge y Javier Tizado, ex hombre fuerte de Techint y secretario de Industria de la Nación en el 2000.

Ante la consulta de LA NACION de si las fábricas argentinas están en condiciones de proveer el material para las represas santacruceñas, Tizado afirmó que sí en un 80 por ciento y enfatizó que contratistas deben diseñar sus proyectos en función del régimen existente que tiene como objetivo “que pueda maximizarse la provisión nacional”.

También indicó que la cámara asume la representación de las empresas para evitar “represalias como ya han existido años anteriores” y, además, porque el cumplimiento de la norma es de interés común: “Apunta a generar más trabajo nacional genuino y competitivo. Esperemos que esta administración haga lo que corresponde”.

La ex presidenta Cristina Kirchner cuestionó por Twitter la posibilidad de que las represas se frenen y reprodujo un artículo del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), “Las represas de Santa Cruz: en defensa del empleo, la industria y la seguridad energética”.

También Electroingeniría -empresa ligada al kirchnerismo- salió al cruce con un comunicado: “La obra es hoy la inversión China más importante en el extranjero y la obra de infraestructura más importante en nuestro país en los últimos 20 años”.

Fuente La Nación