EL CALAFATE Clima

Cartel caidoCon un acampe frente a Casa de Gobierno y una decena de rutas cortadas en la provincia por piquetes de trabajadores de la UOCRA, la gobernadora Alicia Kirchner acaba de pedir que Vialidad Nacional le rescinda el contrato de obras al empresario Lázaro Báez, ex favorito contratista de la obra publica santacruceña en la última década.

A través de un comunicado difundido hace minutos  y titulado “El Gobierno Provincial pide rescisión de contrato de obras” marca el final del vínculo a través del cual Báez recibió mas de 8000 millones de pesos en obra pública, la mayoría de la cual fueron obras en esta provincia, según datos oficiales informados por organismos nacionales.

“El Gobierno Provincial solicita a Vialidad Nacional, que tome medidas urgentes para resolver la grave situación y el hartazgo que genera a toda la sociedad santacruceña en su conjunto la paralización de sus obras en la provincia de Santa Cruz”, afirma el parte de prensa, un día después que la gobernadora criticara duramente a Baez por no cumplir con los contratos, dejar obras inconclusas y no pagar el suelo a sus empleados, quienes desde diciembre protestan en las rutas santacruceñas.

En otro párrafo el gobierno asegura que el corte en las rutas 3 y 40 por parte de los trabajadores de la Empresa Austral Construcciones y Kank y Costilla “lleva al desabastecimiento, y la paralización de la actividad económica y productiva, con consecuencias sociales y de salud negativas por el incumplimiento del dueño de las empresas, el Sr. Lázaro Báez”.

Gobierno solicita a Nación presencia de Gendarmería

A través de un parte de la Dirección de Prensa el Ejecutivo comunicó “La gobernadora Alicia Kirchner reitera el pedido a la Nación, solicitado previamente a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que consiste en el apoyo preventivo de Gendarmería para garantizar el tránsito vehicular en las Rutas Nacionales”.

El gobierno reitera el pedido realizado días atrás por el Fiscal Federal ad hoc Fabricio Sachi “sin obtener novedades hasta el momento. Esta situación no solo provoca desabastecimiento, sino el impacto económico en las arcas provinciales y consecuencias sociales y de salud en su desarrollo”, finaliza el comunicado gubernamental.

“Yo respeto los derechos de los trabajadores, pero el límite es cuando se avasallan los derechos de los demás”, había manifestado ayer la gobernadora Kirchner.

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