13183232_10209343992100039_1394132613_nRÍO GALLEGOS.- Fue durante una audiencia en el marco del amparo presentado por vecinos ante las condiciones de insalubridad y contaminación del actual Vaciadero Municipal, cuando el Intendente Roberto Giubetich manifestó que la SIGEN había hecho observaciones por “sobre certificación en la obra del nuevo vaciadero”, y que desde el organismo “nos sugerían que no paguemos más, y así lo hicimos”,  señaló.

El intendente reveló que por la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y Urbanos ejecutado parcialmente durante la gestión de Raúl Cantín,  “del proyecto original de $59 millones, se pagaron $38 millones por un trabajo ejecutado que no lo vale tal cual lo que ha certificado la SIGEN, quedando aún disponibles la suma de $21 millones”, detalló Giubetich.

El proyecto nació a través de un convenio entre el Municipio y la Secretaría de Medio Ambiente de Nación, que se firmó en un acto público en junio de 2013 con la presencia de la entonces presidenta Cristina Fernández. El proyecto “Gestión Integral de Residuos Sólidos y Urbanos” tenía un valor original de $ 50.353.807,27. Este monto luego se amplió en más de 8 millones de pesos.

La licitación Nro 26/13 se la adjudicó la firma Edisud S.A. la misma empresa que repavimentó la Avenida San Martín, y tras la firma en el despacho del Secretario de Obras Públicas Dr José Zavaley,  la obra comenzó a ejecutarse en julio de 2014, en la ruta 40 camino a Punta Loyola.

Desde entonces hubo un desfile de funcionarios recorriendo la obra, especialistas explicando los beneficios de la Planta de Tratamiento; y sobre todo en 2015 cuando se hizo cargo del municipio Pablo Grasso tras la renuncia de Cantín, fotos de campaña de candidatos prometiendo «la solución definitiva al problema de la basura en Río Gallegos».

La construcción tenía otros tiempos y el revés electoral del oficialismo precipitó la paralización del proyecto pero no las remesas de fondos nacionales, las que hasta el 8 de diciembre de 2015 continuaron cancelando certificaciones hasta alcanzar el monto de $38 millones.

Deficiencias estructurales, falta de documentación, y certificaciones irreales.

«No correspondía certificar cosas que no estaban hechas», reveló a Winfo Santa Cruz una fuente municipal justicando la interrupción de la obra y de los pagos.

Señala como ejemplo que «de los dos galpones proyectados de  25 x 32 mts cada uno, a construirse con material sólido de mampostería, solo hay uno solo, y de chapa y perfiles de aluminio», detalla.

El proyecto no solo presenta falencias en cuanto a lo que se pagó y lo que efectivamente se construyó, sino que además «falta mucha documentación como los planos ejecutivos de la obra, y los documentos que respalden por ejemplo el cambio de materiales», apuntan desde el Municipio.

La Municipalidad está realizando un relevamiento con equipos topográficos de todo el lugar,  sobre todo del movimiento de suelos, cuyo costo abonado en principio dista mucho de los trabajos efectuados.

El Intendente Giubetich adelantó que también por sugerencia de la SIGEN se encuentra en aprobación por parte de Nación el proyecto de la “planta de transferencia», a localizar en el actual vaciadero que tiene un costo de U$S 1 millón, el cual se piensan reducir considerablemente si se hace con mano de obra del municipio.