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Peralta miraLa Justicia Federal investiga el destino de $84 millones que recibió la gestión del ex intendente Raúl Cantín,  para la construcción de la nueva planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, que finalmente no se realizó.

Si bien las obras comenzaron en 2013, cuando recibió la gestión el actual intendente Roberto Giúbetich se encontró con que las obras de la planta habían sido ejecutadas parcialmente, y la cuenta municipal que recibía los fondos que enviaba Nación, estaba vacía.

“Del proyecto original de $59 millones, se pagaron $38 millones por un trabajo ejecutado que no lo vale tal cual lo que ha certificado la SIGEN, quedando aún disponibles la suma de $21 millones”, detalló Giubetich, tras la auditoría que realizó el organismo nacional en mayo de este año. 

El caso del nuevo vaciadero para Río Gallegos, que se pagó y no se construyó, está siendo investigado por el juez Claudio Bonadío en una causa por el desvío de $600 millones que envió Nación entre 2013 y 2015, para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos.

“La sospecha es que el programa podría haber sido una excusa para desviar fondos públicos y favorecer a cuatro municipios alineados políticamente, simulando que el destino eran obras que nunca se concretarían”, es la hipótesis que mueve la investigación por parte de la justicia federal.

El dinero lo distribuyó la Jefatura de Gabinete, a cargo de Jorge Capitanich. Los municipios de Chaco recibieron  el 30% de los recursos del programa.

Río Gallegos recibió $ 25.176.903  para la construcción de la nueva planta de tratamiento de Residuos Urbanos en las proximidades de Punta Loyoa, a cargo de la empresa Edisud SA.

“En marzo de 2015 y sin que se hubiera aprobado la primera rendición, la Municipalidad solicitó la ampliación de fondos por $ 59.455.148”, dice el escrito.

La auditoría demostró que no existió “un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de residuos”. Y que tanto la Ciudad de Buenos Aires como municipios de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego pidieron fondos pero no les enviaron nada: “Sólo cuatro jurisdicciones, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79% de los fondos, circunstancia que se agravó porque tres de ellas generaban un pequeño porcentaje de residuos a nivel nacional”.

“Los criterios técnicos para otorgar más de $ 173 millones a una provincia que en conjunto genera el 0,81% de los Residuos Sólidos Urbanos a nivel nacional no fueron suficientemente justificados”, advirtió el dictamen que el fiscal federal Carlos Rívolo presentó ante el juez Claudio Bonadío.