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Jardinero BarreiroENTRE RÍOS.- La Justicia entrerriana condenó al empresario santacruceño Ricardo Fabián Barreiro, a la pena de un año y medio de prisión condicional -no irá preso-, más el doble del tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El empresario fue juzgado en Paraná, por haber falseado datos en una declaración jurada. Esto le permitió ser funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación, y proveedor del Estado al mismo tiempo.

En diciembre de 2012 su empresa RP Transportes SA, fue la única que se presentó a la licitación del Ministerio de Turismo para llevar a Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires) a 2.324 estudiantes de 60 escuelas entrerrianas. Más tarde, el funcionario le cobraría al Estado provincial 220 mil pesos por ese servicio. Su empresa aparece en el Registro de Proveedores con el número 4.711.

El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Pablo Andrés Vírgala, consideró ayer que el hecho delictivo y la autoría de Barreiro estaban indubitablemente probados. El magistrado sostuvo que el “jardinero K” ingresó a la función pública gracias a un decreto firmado por el ex gobernador kirchnerista Sergio Urribarri.

Barreiro alegó que nunca había sido notificado de su designación. “El imputado era una persona que tenía enorme llegada a nivel nacional. Barreiro fungía de abrepuertas donde no podía llegar otra persona. Era un funcionario, un político que se movía en las más altas esferas”, dijo el juez.

Los antecedentes de Barreiro que contribuyeron a atenuar la pena

El magistrado impuso la condena considerando que el imputado tiene trabajo estable; que carece de antecedentes penales condenatorios, y que sólo pudo probarse su participación en una sola licitación pública (por $ 220.000) de la que fue adjudicatario en 2012 y en la que habría cumplido con las obligaciones asumidas. Con su empresa de transporte

El ex secretario presidencial está procesado en otra causa por incompatibilidades y denunciado por lavado.

En noviembre de 2016 el juez subrogante del juzgado federal de Río Gallegos, Javier Leal de Ibarra, procesó a Ricardo Barreiro por negociaciones incompatibles con la función pública, por haber “resultado beneficiario de la concesión de la compañía de carga aérea Jet Paq y haber sido contratado en forma simultánea por el Organismo Regulador de Aeropuertos (Orsna)”, con funciones en el aeropuerto de El Calafate.

En julio de 2016 la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) radicó una denuncia ante la Justicia federal de Rosario para que investigue si  integra un conglomerado de empresas sospechada de lavar millones a través de supuestas exportaciones y determinar, además, si las ramificaciones de las sociedades llegan a Los Monos, la banda narco a la que se investiga por supuesto lavado.

Barreiro fue uno de los secretarios presidenciales tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández, además de oficiar de cuidador de la casa del matrimonio en El Calafate.

El ahora condenado por la justicia de Entre Ríos, fue designado por los Kirchner en el estado nacional a pesar de que en febrero de 1991 había sido exonerado de la Administración de Parques Nacionales, por manejo irregular de fondos.

Con el tiempo, devino empresario del transporte, e incursionó en los negocios de la hotelería y de la gastronomía. Incluso se le atribuyó la propiedad de “Altos de Amaicha”, un hotel ubicado en la localidad tucumana de Amaicha del Valle.

Fuente: Télam