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En marzo en Tribunales. Foto Clarín

En marzo en Tribunales. Foto Clarín

BUENOS AIRES.- La diputada Margarita Stolbizer ampliará la denuncia contra el contador Víctor Manzanares por ocultar bienes por más de 60 millones de dólares. Se trata del dinero que en 2016 los Panamá Paper revelaron que Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, tenía depositados en una cuenta en Miami.

Según la denuncia que se presentará esta semana ante el juez Carlos Stornelli, Manzanares se asoció a Muñoz para montar empresas con la finalidad de ocultar el origen de esos fondos.

La información, dada a conocer por el periodista Luis Majul en su ciclo La Cornisa indica que Manzanares con la ayuda de Carolina Pochetti -viuda de Muñoz-,  intentó ocultar los fondos con maniobras de escribanos, abogados y otros profesionales para evitar el embargo o la pérdida de esos bienes.

Muñoz fue secretario privado de Néstor Kirchner durante su presidencia, y de Cristina Fernández en los dos primeros años de su mandato.

Había sido investigado y sobreseído por enriquecimiento ilícito tiempo atrás, pero su nombre volvió a la tapa de los diarios cuando fue mencionado en los Panamá Papers, en marzo de 2016. Fue en ese momento cuando se conoció que el exsecretario presidencial poseía bienes en Miami por más de 60 millones de dólares.

Según el informe de Majul, alertado Muñoz y con la certeza de que las causas en su contra comenzarían a reactivarse, se asoció a Manzanares para urdir una serie de complejas y al mismo tiempo burdas maniobras para borrar la huella del dinero presuntamente malhabido.

Un mes después, en abril de 2016, Muñoz falleció, víctima de un cáncer. Para Stolbizer, Manzanares, quien está preso en Marcos Paz, ahora intenta con la ayuda de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, ocultar el dinero a través de maniobras con escribanos, abogados y otros profesionales, para que la justicia no los embargue ni le quite los bienes.

En octubre de 2016, Cayuqueo SA, una empresa constituida por Manzanares y la viuda de Muñoz, y dueña de un garaje en la calle Amenábar al 1934, simuló un contrato de alquiler para que lo explotara una firma llamada HCDA SA. Cinco días más tarde, Cayuqueo alquiló el mismo garaje a otra empresa denominada Particular Groupe SA, cuya presidenta era Alejandrina Pochetti, la hermana de la viuda de Muñoz, sin haber dado de baja el contrato anterior.

Para Silvina Martínez, abogada de Margarita Stolbizer, las sospechas eran claras: “El otro dato extraño es que ambas empresas, Particular Group y HCDA tenían el mismo domicilio legal, el mismo abogado encargado de inscribir a la empresa en la IGJ y el mismo escribano certificante de las firmas de los contratos de locación”.

Pero las maniobras no terminaron allí. Según la información con la que cuentan Stolbizer y Martínez, que será entregada en las próximas horas a Stornelli, Manzanares y Pochetti simularon la venta del garage de la calle Amenábar. Sin embargo, a esta venta la fecharon tres meses antes que los anteriores contratos de alquiler mencionados, el 14 de julio de 2016 y con el dato curioso de que el comprador, Gabriel Fernando Diéguez, no habría tenido el patrimonio necesario para comprarlo.

“No contentos con todas estas maniobras, Manzanares y la viuda de Muñoz hicieron exactamente lo mismo con otro garaje enclavado en una de las mejores calles de Palermo Soho, Malabia 1741”, declaró Martínez, y continuó: “En esta ocasión, repitieron el mismo modelo que aplicaron en el garaje de la calle Amenábar: antedataron y trastocaron todas las fechas de firmas de contratos, compras de empresas y alquileres”.

Se trata de un garaje de tres pisos, de 2000 metros cuadrados ubicado en una zona estratégica, en pleno barrio de Belgrano. Manzanares y Pochetti declararon que la venta del garaje fue por U$ 300.000 cuando en realidad, el valor en el mercado es de diez veces más: U$ 3.200.000. En un informe presentado en televisión, un periodista fue hasta el garaje de la calle Amenábar y pudo obtener el testimonio de Mauro Profético, dueño de HCDA SA que aún sigue usufructuando el inmueble.

Fuente La Nación