EL CALAFATE Clima

1BUENOS AIRES.-  Los últimos tres jefes de Gabinete kirchneristas, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, fueron citados a declaración indagatoria por supuestas irregularidades en el reparto de fondos a municipios para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.  Para la construcción de la planta de Río Gallegos durante la gestión de Raúl Cantín se pagaron 38 millones de pesos en un año y la obra apenas se inició.

Ahora el juez Claudio Bonadío investiga el destino de 600 millones de pesos manejados por la Jefatura de Gabinete y destinados al Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de 2013 a 2015, sospechan que el proyecto podría haber sido una excusa para desviar fondos públicos y favorecer a cuatro municipios alineados políticamente, simulando que el destino eran obras que nunca se concretarían.

Con el cambio de gobierno, en los primeros meses de 2016 la SIGEN inició una auditoría sobre esos fondos,  que incluían  $59 millones para la planta de Río Gallegos. 

El día de la firma del convenio de obra

El día de la firma del convenio de obra

La SIGEN detectó que se pagaron $38 millones, “por un trabajo ejecutado que no lo vale tal cual lo que ha certificado la SIGEN, quedando aún disponibles la suma de $21 millones”, informó entonces el intendente Roberto Giubetich.

El proyecto nació a través de un convenio entre el Municipio y la Secretaría de Medio Ambiente de Nación, que se firmó en un acto público en junio de 2013 con la presencia de la entonces presidenta Cristina Fernández.

La licitación Nro 26/13 se la adjudicó la firma Edisud S.A. la misma empresa que repavimentó la Avenida San Martín, y tras la firma en el despacho del Secretario de Obras Públicas Dr José Zavaley,  la obra comenzó a ejecutarse en julio de 2014, en la ruta 40 camino a Punta Loyola.

Desde entonces hubo un desfile de funcionarios recorriendo la obra, especialistas explicando los beneficios de la Planta de Tratamiento; y sobre todo en 2015 cuando se hizo cargo del municipio Pablo Grasso tras la renuncia de Cantín, fotos de campaña de candidatos prometiendo “la solución definitiva al problema de la basura en Río Gallegos”.

Tanque australiano

Tanque australiano

La construcción tenía otros tiempos y el revés electoral del oficialismo precipitó la paralización del proyecto pero no las remesas de fondos nacionales, las que hasta el 8 de diciembre de 2015 continuaron cancelando certificaciones hasta alcanzar el monto de $38 millones.

Entre otras irregularidades la SIGEN  comprobó una sobrecertificación de más de 8 millones de pesos,  adelantos financieros por otros 5 millones que no fueron devueltos, “el problema principal está en el movimiento de suelo que están certificados en un 150% y no están hechos”, aseguran desde el municipio.

Aquel proyecto finalmente fue reformulado por las actuales autoridades de nación y del municipio, ya que no era funcional, “el proyecto no era viable porque hay q llevar los camiones recolectores casi hasta Punta Loyola, además lo que está hecho solo alcanza para enterrar 9 meses la basura”, explican desde el municipio. La secretaría de Medio Ambiente de nación está proyectando hacer una planta de transferencia en el vaciadero viejo. 

Cartel de obra

Cartel de obra

La auditoría demostró que no existió “un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de residuos”. Y que tanto la Ciudad de Buenos Aires como municipios de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego pidieron fondos pero no le enviaron nada: “Sólo cuatro jurisdicciones, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79 % de los fondos, circunstancia que se agravó porque tres de ellas generaban un pequeño porcentaje de residuos a nivel nacional”.

Fuentes judiciales informaron que los tres últimos jefes de gabinete de Cristina Fernández serán indagados entre el 30 de octubre, y el 1 de noviembre.