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RÍO GALLEGOS.- El juez de primera instancia, Marcelo Bersanelli, rechazó un amparo requiriendo el acceso a la información pública oportunamente denegada por el Consejo Provincial de Educación, por considerar que la amparista no podía acreditar “un daño concreto” producido por el acto impugnado. La abogada patrocinante calificó de “antijurídica” la decisión del juez, ya que “el ciudadano no debe justificar interés alguno” para solicirtar información pública.

Se trata de la presentación de Nahir Castillo, madre de alumnos regulares del sistema educativo provincial, que solicitaba información sobre los fondos destinados al mantenimiento de establecimientos escolares.

Bersanelli, en su carácter de juez subrogante del juzgado civil Nro 2, declaró inadmisibile el pedido,  “el amparo procederá cuando se logre acreditar un daño cierto, concreto, actual (o inminente) a un derecho del cual es titular el amparista”, argumentó el magistrado quien juzgó “abstracto y meramente retórico”, el pedido de acceso a la información pública.

Ante esta resolución del juez, la abogada patrocinante, dra Diana Huerga, calificó de antijurídica la decisión judicial adoptada por el juez Bersanelli, que fue avalada por el fiscal Gustavo Cima.

Según Huerga, “El insólito argumento del Juez desconoce el texto expreso de la Ley 3540 (de Acceso a la Información Pública) promulgada recientemente y que de modo expreso establece la vía del amparo en caso de negativa de suministrar la información, y que el ciudadano no debe justificar interés particular alguno al realizar el pedido de información pública”, citó la abogada.

Agregó que el fallo de Bersanelli “desconoce la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la propia Cámara de Apelaciones local que aún antes de la sanción de la ley en cuestión reconoció el derecho de todo ciudadano a acceder a la información pública y la vía del amparo para su protección jurisdiccional”, apuntó.

Adelantó que apelarán el fallo que rechazó el amparo, por considerar “que constituye un severo retroceso institucional que impide el acceso a información que es pública”, remarcando que “de nada sirven las leyes que reglamentan los derechos constitucionales que posee la ciudadanía si los jueces no las aplican”, sostuvo la dra Huerga.

Se mostró confiada en que la Cámara de Apelaciones “revertirá la resolución judicial, garantizando la plena vigencia de los derechos constitucionales de la Sra. Castillo y de la ley provincial recientemente sancionada y que los reglamenta”, indicó.

La información que niega el Consejo de Educación y ahora la justicia.

Nahir Castillo, miembro del colectivo Papás Unidos, solicitó el 4 de octubre al Consejo de Educación información respecto a los ingresos de fondos nacionales para el financiamiento educativo y el mantenimientos de edificios escolares, como así también un detalle de las tareas ejecutadas.

Ante la falta de respuestas del organismo y transcurrido más de tres semanas sin que el requerimiento fuera respondido, ni rechazado, Castillo presentó un amparo requiriendo al juez “que ordene a la autoridad pública a suministrarme la información peticionada, conforme lo habilita la ley 3.540, y la demás normativa internacional de jerarquía constitucional que se menciona seguidamente”.

Según información emanada del Tribunal de Cuentas, a la provincia ingresan mensualmente  alrededor de 70 millones de pesos. En agosto ingresaron $72.323.800 y en septiembre $69.036.400, lo que proyecta una cifra anual aproximada de 850 millones de pesos.

¿Qué hace la provincia con ese dinero?

En principio no cumple con lo establecido en la ley 26075 de financiamiento educativo que establece que esos fondos que envía diariamente nación debieran repartirse automáticamente ente los municipios para que éstos a su vez los destinen a educación.

Según el artículo 7mo esos fines específicos son: Construcción y/o mantenimiento de infraestructura escolar de gestión estatal en cualquiera de los niveles del Estado; generación de programas de capacitación y apoyo pedagógico destinados al mejoramiento de la calidad educativa y a evitar la deserción escolar; adquisición y/o mantenimiento de equipamiento escolar, y  cualquier otra finalidad estrictamente educativa.

“La provincia no distribuye ni un centavo de ese dinero”, aseguran desde las áreas de hacienda de municipios consultados por Winfo Santa Cruz.