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BUENOS AIRES.- En el marco de una investigación por el destino de $ 590 millones girados a los municipios para la construcción de planta de tratamiento de residuos urbanos, se conoció hoy que indagarán a cerca de un centenar de intendentes, entre ellos, el ex jefe comunal de Río Gallegos, Raúl Cantín. Uno de los municipios más comprometidos.

Entre otras irregularidades una auditoría de la SIGEN detectó que el dinero girado por nación se utilizó para otros fines, o como en el caso de la capital de Santa Cruz, la obra quedó inconclusa a pesar de haber recibido el 70% de los fondos.

Tras la citación a indagatoria de Los últimos tres jefes de Gabinete kirchneristas, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, quienes ya prestaron testimonio, ahora deberán presentarse ante el juez Claudio Bonadío, los intendentes de municipios donde se detectaron las irregularidades.

Con el cambio de gobierno, en los primeros meses de 2016 la SIGEN inició una auditoría sobre esos fondos, que incluían $59 millones para la planta de Río Gallegos de los cuales 38 millones fueron girados por nación en diferentes remesas, a partir de julio de 2014.

El proyecto nació a través de un convenio entre el Municipio y la Secretaría de Medio Ambiente de Nación, que se firmó en un acto público en junio de 2013 con la presencia de la entonces presidenta Cristina Fernández. (Foto).

La licitación Nro 26/13 se la adjudicó la firma Edisud S.A. la misma empresa que repavimentó la Avenida San Martín, y tras la firma en el despacho del Secretario de Obras Públicas Dr José Zavaley, la obra comenzó a ejecutarse en julio de 2014, en la ruta 40 camino a Punta Loyola.

Desde entonces hubo un desfile de funcionarios recorriendo la obra, especialistas explicando los beneficios de la Planta de Tratamiento; y sobre todo en 2015 cuando se hizo cargo del municipio Pablo Grasso tras la renuncia de Cantín, fotos de campaña de candidatos prometiendo “la solución definitiva al problema de la basura en Río Gallegos”.

La construcción tenía otros tiempos y el revés electoral del oficialismo precipitó la paralización del proyecto pero no las remesas de fondos nacionales, las que hasta el 8 de diciembre de 2015 continuaron cancelando certificaciones hasta alcanzar el monto de $38 millones.

Entre otras irregularidades la SIGEN comprobó una sobrecertificación de más de 8 millones de pesos, adelantos financieros por otros 5 millones que no fueron devueltos, “el problema principal está en el movimiento de suelo que están certificados en un 150% y no están hechos”, aseguran desde el municipio.

Aquel proyecto finalmente fue reformulado por las actuales autoridades de nación y del municipio, ya que no era funcional, “el proyecto no era viable porque hay q llevar los camiones recolectores casi hasta Punta Loyola, además lo que está hecho solo alcanza para enterrar 9 meses la basura”, explican desde el municipio. La secretaría de Medio Ambiente de nación está proyectando hacer una planta de transferencia en el vaciadero viejo.

Según fuentes judiciales luego de los testimonios de los tres últimos jefes de gabinete de Cristina Fernández brindados entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, se estima que antes de fin de año sean citados a indagatoria los jefes comunales implicados.