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Foto: La Opinión

RÍO GALLEGOS.- La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados prestó acuerdo para la designación de la dra Reneé Fernández como vocal del Tribunal Superior de Justicia. La actual camarista tiene un pedido de jury presentado por el gremio judicial, por abuso de autoridad, maltrato, demora de en la tramitación de causas, e ignorancia inexcusable del derecho, entre otras acusaciones. Es una histórica adherente al Frente para la Victoria.

Con la firma de los diputados Matías Bezi, Jorge Arabel, y Claudio García, el kirchnerismo aprobó por mayoría la designación de la dra Fernández, para ocupar la última vacante en el Tribunal Superior de Justicia. De acuerdo a fuentes legislativas, el oficialismo buscará la aprobación definitiva del pliego de la candidata propuesta por la gobernadora Alicia Kirchner,  en la última sesión del año que se realizará en la 28 de Noviembre.

Reneé Fernández está acusada ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y piden su remoción como Integrante de la Cámara Civil de la Primera circunscripción judicial, por incumplimiento de sus funciones como camarista.

El gremio de los judiciales solicitó que se la investigue por presunto abuso de autoridad, maltrato laboral y trato indecoroso hacia los agentes, autoridades y justiciables; por la omisión del deber de excusarse en casos concretos, y por ignorancia inexcusable del derecho.

El vocal del TSJ Mariani recibe el pedido de Jury, aún sIn respuesta

La “morosidad en la tramitación de las causas”, es otro de los cargos contra la jueza que el gobierno impulsa para completar los cinco miembros que conforman el Tribunal Superior de Justicia.

En 2012 en la Cámara de Apelaciones había 305 causas que esperaban su resolución, por lo que el gremio denunció la situación ante el Tribunal Superior. Dos años después, solamente 11 sentencias habían seguido su curso:  “esto evidencia que no solo su desempeño como jefa y a cargo de cientos de empleados no prosperaba, sino que también su función como jueza estaba a la altura de las circunstancias”, cuestionaron desde el gremio en la presentación hecha ante el Tribunal Superior. 

Una jueza cumplidora

Lejos de demorar expedientes, en cuestiones que rozan los intereses del gobierno Reneé Fernández suele ser solícita y puntual.

En julio de 2016  revocó el fallo que declaró inconstitucional el endeudamiento por 10 mil millones de pesos, otorgando legalidad a la escandalosa sesión del 23 de junio que autorizó al Ejecutivo a tomar préstamos. En aquella ocasión la Dra. Fernandez,  “rechazó ella misma y con su sola firma la recusación que se le interpusiera, para luego revocar la decisión del Dr Francisco Marinkovic”, que había fallado declarando inconstitucional el procedimiento legislativo que aprobó los empréstitos.

Como miembro de la Cámara de Apelaciones Reneé Fernández votó a favor de suspender acuerdos paritarios del gremio judicial. Luego de las protestas en su contra por parte de los trabajadores, la dra Reneé Fernández presentó una medida autosatisfactiva contra el gremio, asegurando que su imagen y buen nombre se veían afectados por las pegatinas realizada frente a la Cámara Civil.

El juez Diego Lerena dio curso favorable a esta solicitud exhortando al gremio a cesar “con las publicaciones que de modo directo o indirecto mediante enlaces, blogs, foros, grupos sitio de fans etc pudieran afectar, injuriar, ofender, agredir, vulnerar, menoscabar la dignidad y el honor de la actora”.

En octubre la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia que declaró “como fecha cierta de pago entre el 1 y 7 de cada mes”, la resolución la firmaron a favor los jueces Enrique Arenillas y Sandra García, y el voto negativo de la jueza Reneé Fernández.

La UCR pide frenar la designación de Fernández hasta que la justicia se expida

La Unión Cívica Radical emitió un documento expresándose en contra de la designación de Reneé Fernández como juez superior: “Exigimos y exhortamos a la Honorable Legislatura y a cada uno de sus integrantes que no convalide tal designación, que repugna la conciencia republicana. Se debe, por lo menos, aguardar el examen y pronunciamiento del Jurado de Enjuiciamiento sobre todas y cada una de las causales por las que hoy se cuestiona la actuación de Fernández como Vocal de Cámara”.

Actualmente la Dra. Fernández se encuentra acusada ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados pidiendo su remoción como Integrante de la Cámara Civil de la Primera circunscripción judicial, por incumplimiento de sus funciones como camarista.

El Gremio Judicial realizó tal denuncia, y sus integrantes se apersonaron en el Parlamento Santacruceño minutos antes de realizarse la Comisión. El Oficialismo hizo caso omiso a la información documentada provista por los trabajadores; y, con votos de la mayoría del FPV, dio despacho favorable a la designación.

Lo cierto es que el Jurado de Enjuiciamiento aún debe expedirse en torno a los cargos que se le imputan a la Doctora: Conductas presumiblemente constitutivas de abuso de autoridad y maltrato laboral y/o trato indecoroso hacia los agentes, autoridades y justiciables; morosidad e incumplimiento de los deberes a su cargo; omisión del deber de excusarse en casos concretos e ignorancia inexcusable del derecho.

Desde la UCR se indicó que todo lo señalado por la organización denunciante cuenta con señalamientos de casos concretos y particulares que son razón fundante para rechazar el nombramiento.

Destacaron que en contrapartida a las faltas y falencias en ejercicio de su función, la Dra. Fernández sí ha participado activamente votando para convalidar la Ley de Lemas en nuestra Provincia; para impedir el acceso a la información pública en Santa Cruz, y para ratificar y convalidar los endeudamientos ilegales que asumió la provincia durante el año 2.016.