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RIO GALLEGOS.- Por orden del juez federal Marcelo Martinez De Giorgi ayer se allanaron oficinas de YCRT en Río Turbio y Río Gallegos, en busca de documentación relacionada con la compra de frentes y maquinarias a la firma polaca, Kopex SA. En la causa por administración fraudulenta piden investigar ahora a los responsables de la empresa YCRT entre 2005 y 2015. En la misma causa el fiscal Moldes pidió la detención del ex interventor, Atanasio Perez Osuna, el decano de la UTN Martín Goicochea, y de Hugo Sánchez, presidente de la fundación UTN, entre otros.

Decano Martín Goicochea

Goicochea fue recientemente reelecto Decano de la UTN Santa Cruz

Durante el procedimiento se secuestraron expedientes originales completos, correspondientes a los años 2005, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015 como así también las rendiciones de cuentas, información sobre pagos , transferencias de dinero realizadas a las empresas de origen polaco, KOPEX sa, ZAKLADY MECHANICZE, “Bumar Labedy SA” y a la firma argentina, KOPARCO SA. Se pide requisar también la informacion referida a cuentas bancarias y a toda actuación que tuviera relación a la suscripción del protocolo de entendimiento del 18/04/05 entre YCRT y la empresa estatal polaca Kopex SA.

La historia de la triangulación para comprar equipamiento y eludir controles

En julio el periodista Hugo Alconada escribió en La Nación: “El ministerio de De Vido apeló a un acuerdo con Polonia, de la época de la dictadura, para eludir una licitación y contratar una firma por 53 millones de euros”.

Escribió que “La triangulación se gestó poco después de que el Ministerio de Planificación dio dos veces de baja la licitación 05/2010 destinada a comprar maquinaria para Río Turbio. Varias empresas habían quedado calificadas para la apertura de los sobres número 2, con sus precios, pero el 17 de marzo de 2011, desde la Secretaría de Minería, y basado en un informe de la Universidad de la Patagonia Austral, optaron por “declarar fracasado el presente llamado”, según consta en el expediente administrativo S01:0040886/2010.

“Caídos los dos llamados de esa licitación, de inmediato desde YCRT consultaron en el mercado cuánto costaba cierta maquinaria de uso minero específico conocida como “frente largo”. Querían comprar, informaron, dos unidades”, reveló Alconada.

“Sin embargo, en vez de llamar a una nueva licitación, desde el Ministerio de Planificación abrieron una negociación directa con Kopex, que para diciembre de ese mismo año selló una alianza con la firma estatal polaca, Bumar-Labedy, por un negocio que estimó que rondaría los 27,3 millones de euros, según informó Kopex en su página web el 17 de abril de 2012” resumió el periodista. Leer la nota completa acá

Los pedidos de detención que pesan sobre los responsables que ahora deberá definir el juez

A mediados de este año el fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió la detención del intendente  de Río Turbio y ex interventor de YCRT, Atanasio Pérez Osuna, y de  Roberto Baratta, ex funcionario de Planificación Federal, actualmente detenido en Marcos Paz,  en la causa en la que se investiga la defraudación al estado con fondos destinados a la usina de Río Turbio.

El 4 de julio el fiscal federal Carlos Stornelli había pedido la detención e indagatoria de 23 personas por la presunta defraudación con fondos destinados a la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz, lo que nunca se concretó.

Baratta, Lisse, Larregina, y Pérez Osuna pidieron su exención de prisión y el juez federal Luis Rodríguez se las concedió por considerar que no había peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa.

Stornelli apeló esta decisión de la Cámara Federal y el fiscal Moldes dictaminó ayer un nuevo pedido de detención argumentando que por “la gravedad del hecho” y “la trascendencia pública que ha tomado el caso dada la participación en el de un ex ministro imputado o acusado en otros procesos de similar raíz y enfoque” se deben revocar las exenciones de prisión y se ordenen las detenciones.

Ahora debe decidir la Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, si detienen a los implicados.